Aberraciones en la legislación electoral

La ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) tiene más huecos jurídicos que un trozo de queso de esos que en las caricaturas persiguen las ratas –aclaro no es analogía ni metáfora.

Son muchas las lagunas sobre las cuales deben “emitir interpretaciones” los consejeros del INE y los miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (conocido como Trife).

Una ley que debe ser transparente, clara y objetiva, es recurrentemente interpretada, evidencia la pésima redacción y el interés por enturbiar la democracia por parte de los legisladores quienes la aprobaron.

Cuando una ley amerita interpretaciones para definir lo que pretende señalar no tiene valor de justicia, pues a como se acomoden las circunstancias, en este caso, políticas y del poder en turno, serán las decisiones que tome la autoridad electoral.

El más reciente ejemplo es la reversa que da el Trife al INE con el inicio de las precampañas; dimos cuenta en la columna Política e Historia del 28 de agosto, con el nombre “Banderazo Electoral”, que las precampañas arrancarían el 23 de diciembre de 2020 y terminarían hasta el 31 de enero de 2021.

El Trife, en la Sala Superior, resuelve que no, las precampañas tendrán fechas de inicio y conclusión distintas y por tanto el INE debe aclarar las fechas.

¿Así o más indefiniciones en algo que debería ser entendible y transparente para cualquiera?

Si la autoridad no puede establecer las fechas, cómo exigir al ciudadano que dominé la ley electoral y no la viole; por mucho que el ciudadano no se exima de responsabilidad ante la ley, nadie está obligado a lo imposible, otro principio del derecho.

Entre los muchos absurdos en la Legipe: existe regulación a las precampañas, diría el ciudadano, qué bueno porque garantiza el principio de equidad y evita despilfarro de recursos económicos.

Al leer la ley encontramos que es una burla. Las precampañas son estimadas dentro del año electoral, así un ciudadano sólo realiza actos anticipados de precampaña, los cuales son sancionables, una vez iniciado el año electoral; lo que haga antes del 6 de septiembre difícilmente se puede tipificar como acto anticipado de precampaña.

Para ser más explícito, se puede hacer de todo tipo de promoción mientras no inicie el año electoral. Eventos, medios de comunicación, redes sociales, de todo, incluso, aún se puede hacer todo esto, ya la semana entrante puede llegar a considerarse acto anticipado de precampaña. ¿No es una burla lo expresado en la Legipe?

Agregue que, terminadas las precampañas –aún no sabemos cuándo porque ni la autoridad lo sabe–, viene algo así como la zona del silencio.

Los partidos deben retirar la propaganda, dejar de promover a sus precandidatos quienes están en el tránsito a volverse candidatos, evitar la promoción y toda forma de difusión. ¿Imagina usted este absurdo?

Eso no es todo, falta el tema de la fiscalización de recursos, en 2018, algunos candidatos a diversos cargos excedieron los topes de gasto, es fácil saberlo pues su propaganda aparecía hasta debajo de las piedras, nunca hubo sanciones a pesar de lo evidente.

Con las anteriores aberraciones y otras más, estamos a días de iniciar la elección más importante de las últimas décadas, donde se disputa la hegemonía de un partido con un líder que espera enquistarse en el poder o la oposición resquebrajada, dividida, dispuesta a pelear al interior de los partidos por migajas.

Si la ley en condiciones normales es una aberración, ¿imagine lo que nos espera con la pandemia encima?