La sanción a Jaime Rodríguez

25 junio, 2020 | publicado por:Oscar Tamez

Circo de tres pistas se ha armado con el asunto de las sanciones a Jaime Rodríguez y Manuel González por violar las leyes electorales en 2018, las violaciones existieron, pero todo se reduce a un reality de mala calidad.

En su momento el senador Samuel García denunció al gobernador y al, entonces, gobernador sustituto por violar el 134 constitucional, utilizando recursos públicos en favor de una campaña, candidato o partido político.

Las violaciones existieron, ese no es el problema, el conflicto tiene su origen en las negligencias del Poder Legislativo federal y del Trife o Tribunal Electoral; ambos poderes merecen sanciones por violar su función.

Separemos los temas, Jaime Rodríguez al igual que Manuel González merecen las sanciones, pero no se les busca castigar por ello, en este momento la opinión pública clama venganza más que justicia.

Rodríguez y González fueron déspotas e indolentes con los ciudadanos, tan mal lo hicieron que 2018 fue un ejercicio de revocación del mandato para ellos; luego de ganar en 2015 la elección con mayoría absoluta de los votos emitidos, en su intento presidencial fue rechazado abruptamente por los nuevoleoneses, en ese momento debió dejar la gubernatura, pero se aferró y regresó contra la voluntad popular.

Se acabaron los fanáticos del «Bronco», que no de Jaime, en las redes sociales, no se lee una línea que abogue por el gobernador, su aceptación en las encuestas lo situó en el último lugar de los gobernadores, el COVID-19 es un respiro que le permite gobernar como debió hacerlo desde el primer día.

Seamos claros, no se busca justicia sino venganza, un amplio sector de los nuevoleoneses, politizados y no politizados, claman venganza, de ahí que el único castigo aceptable para muchos es quitarlos del cargo, inhabilitarlos y si es posible, meterlos a la cárcel, nada menos a eso aceptarían quienes lo quieren ver linchado. ¡Cosechan lo sembrado!

El origen del problema nos regresa a 2007, año cuando se aprueban las reformas a la legislación político-electoral derivadas del fraude cometido contra López Obrador.

Ahí surge la reforma en el 134 constitucional que impide a los servidores públicos, a todos, promoverse en los medios electrónicos. Pero el texto de ese párrafo es letra muerta, todo porque en 13 años, los diputados federales de todos los colores, incluyendo en la actualidad a los morenos, se niegan a regular lo escrito en el 134.

La Constitución señala que se debe sancionar la promoción y desvío de recursos públicos a actos de campaña o partidos, el asunto es que no existe alguna sanción establecida. Merecen cárcel muchos legisladores por evadir su responsabilidad.

A la laguna jurídica agregue que el Trife resuelve políticamente lo que debe solucionar jurídicamente. Saben que no tienen forma de sancionar a Jaime Rodríguez porque no hay castigo el cual aplicar.

El Poder Judicial es quien condena los delitos, el Poder Ejecutivo los investiga y el Legislativo hace las leyes con las sanciones que se pueden aplicar. El sistema político es muy claro, pero en México todo se define por política y no conforme a Estado de Derecho.

La irregularidad está desde el momento donde el Trife ordena al Congreso sancionar, esto porque no es función de Legislativo, porque es ilegal la resolución del Trife y porque no hay catálogo de penalizaciones por aplicar.

Hoy los diputados son la vergüenza porque evaden condenar cuando en realidad son afectados por el abuso del Trife quien pateó el bote en vez de cumplir su responsabilidad.

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