Pacto Fiscal

El pacto fiscal es un derivado del federalismo en México, un acuerdo donde las entidades convienen un paternalismo financiero de sus ingresos y egresos por parte del gobierno federal.

Se rige por la Ley de Coordinación Fiscal emitida el 27 de diciembre de 1978, en el gobierno de José López Portillo, la reforma más reciente data del año 2018.

Según el texto de la ley en comento situada en el portal www.diputados.gob.mx, «esta ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones…».

La ley tiene el propósito de crear una gran bolsa nacional y promover equidad redistributiva al apoyar a las entidades con mayor rezago frente a las que tienen mayor avance en generación de riqueza, una forma de igualdad financiera, vestigios de la antigua izquierda priista con inclinaciones socialistas o igualitarias.

En ella participan los ingresos de la Federación relativos a impuestos y recursos obtenidos por los derechos en la minería, con excepción de los señalados en el artículo 2° de la ley, que incluye ISR y algunas excepciones al IEPS, entre otros.

Por sobre tecnicismos, la Federación junta dinero de los estados y municipios luego lo regresa en forma de participaciones, claro, sin que ello tenga un reconocimiento al ingreso producido.

Es una ley «paternalista» para las entidades federativas rezagadas y «leonina» para las entidades vanguardistas en materia de desarrollo social y económico.

Por citar un ejemplo, en Nuevo León no se han realizado obras públicas como concluir el Metro en su Línea 3, el penal y la presa por falta de recursos. Es cierto que existe corrupción en las obras públicas, pero para ello se paga muy cara una burocracia cegada que no sanciona la corrupción, incluso, en casos como el de la Contraloría Interna federal, se sospecha que es parte de ella.

Existe quienes defienden al pacto y la política federal afirmando que los estados son ineficientes en su cobro, pues teniendo una potencial riqueza por recaudar, prefieren depender de las aportaciones que devuelve la Federación, esto se lee muy bien, el problema es que en palabras llanas, significa sacar más de los bolsillos en las personas.

Aumentar o innovar impuestos estatales es criminal, en una entidad como Nuevo León, la mayoría de las personas con ingresos iguales o superiores a $10,000 pesos por vía de la formalidad, destinan más del 50% en pago de impuestos, que no ven reflejados en su bienestar.

Urge un pacto fiscal pensado desde las familias y no desde las burocracias federal y estatal; de qué sirve que más de la mitad de los ingresos en una familia se vaya en impuestos si padece la pésima educación derivada de la pandemia, condenando a sus hijos a ser una generación de mexicanos incapaces de competir con el mundo; vive la misma inseguridad, falta de alumbrado y servicios públicos onerosos.

Es falso que las entidades federativas puedan por sí solas sobrevivir fuera del pacto federal, pero esto es diferente al fiscal, tampoco es comprensible que luego de 42 años de existencia, el pacto siga jodiendo a los estados productivos y no motive el desarrollo en los improductivos.

Es momento que los diputados federales y senadores nuevoleoneses demuestren de qué están hechos, si legislan por Nuevo León o contra Nuevo León. Recordemos sus actos en las urnas el próximo junio de 2021.