Reformas político-electorales

Las reformas político-electoral a la Constitución surgidas desde la presidencia son sediciosas y marginales por decir lo menos. Encaminan a una nación de partido único y no a una democracia de competencias.

Se debe diferenciar a la democracia de la simulación democrática. Venezuela es una democracia si aplicamos el listado de características que distinguen a esta forma de gobierno, pero si aplicamos el requisito de competitividad, respeto a la Constitución y al republicanismo, entonces es una nación autoritaria, totalitarista.

La verdadera democracia reconoce las diferencias, es pluricultural, practica la tolerancia y la construcción de consensos, lo mismo en México o cualquier nación democrática. Imponer una postura o disposición representa el actuar de un gobierno autoritario e intolerante, aquél que desprecia al diferente.

Las reformas político-electorales que se impulsan desde la máxima tribuna del poder ejecutivo son excluyentes, represivas e impositivas sobre el pensar de un grupo solamente.

Son seductoras las propuestas, similares al canto de las sirenas con los marinos en la mitología. Quien está en desacuerdo si le dicen que se reduce el presupuesto asignado a los partidos políticos y se destina a empujar las maltrechas pensiones venideras por el esquema de afores vigente.

Gracias a la mala reputación ganada a pulso, los legisladores son considerados por muchos como la semilla del tomate (parafraseando a Polo Polo): “no sirven para nada pero ya vienen en el paquete”.

Reducir las burocracias en los tres órdenes de gobierno. Cualquiera con dos dedos de frente aplaudiría esta iniciativa, salvo cuando deba realizar un trámite burocrático y éste se empantane ante la falta de recurso humano que lo resuelva.

Los partidos políticos sí representan una burocracia anquilosada, obesa e improductiva. Reproducen nuevos ricos que manejan los recursos de manera opaca. El espíritu por el cual se diseñó el financiamiento público se ha roto, más no por ello se debe acabar su aplicación. En su caso la reducción de recursos es algo plausible y, sobre todo, que se les audite y fiscalice la utilización de ese dinero en beneficio de la democracia mexicana.

Los partidos políticos se han convertido en el peor de los males, es necesario rediseñar su existencia en nuestra democracia, pero nunca extinguirlos.

La reducción de legisladores federales. Disminuir senadores y diputados parece acicate para los mexicanos quienes se sienten impotentes frente a un grupo de privilegiados de todos los colores.

Que no se disminuyan los senadores ni diputados, extingan sus canonjías. No necesitan restaurantes gratuitos o subsidiados en las sedes del poder legislativo, tampoco peluqueros ni más privilegios usados por los diputados y senadores de Morena, el PRI, PAN, PRD, Verde, MC y otros más.

En 1823 se eligen a 107 congresistas al constituyente que discute, escribe y aprueba la constitución federalista que se promulga el 4 de octubre de 1824. En ese tiempo la población no superaba los 7,000,000 de habitantes según diversas fuentes históricas consultadas.

Sin que la distribución fuera proporcional a la población mexicana, había un diputado al constituyente por cada 65,420 habitantes. Actualmente tenemos 500 diputados en una población de 130,000,000 de individuos, existe un diputado por cada 260,000 habitantes. La solución no es disminuirlos, el remedio está en eficientar su trabajo y aminorar los costos.

Populistas, sediciosas, excluyentes y antidemocráticas, así son las reformas constitucionales de la 4T en materia político-electoral.