os acontecimientos de las últimas semanas obligan a repensar sobre las condiciones en que se vive en el país, estamos frente a una autoridad que ejerce el Estado de Derecho o reprime a sus opositores, resucitando la etapa de la llamada guerra sucia de los años 60 y 70 en el país.
El Estado de Derecho se basa en leyes, leyes que gusten o no a los ciudadanos se deben aplicar sin distingo de raza, sexo, condición económica o ideología política, entre otras diferencias dentro de la sociedad.
Las leyes son elaboradas por el soberano; es decir, por el pueblo a través de sus representantes, quienes son electos cada tres o seis años y se llaman diputados federales o locales y senadores. Igual en los ayuntamientos, la figura de síndicos y regidores son la representación del soberano en el Poder Ejecutivo.
La aplicación del marco legal, en México, frecuentemente no es justa, de esto hemos escrito en este espacio anteriormente; sin embargo, chuecas, cojas o parchadas, las leyes deben respetarse o sancionar a quien las violente.
Sin embargo, cuando el Estado representado en sus instituciones de gobierno hace uso excesivo de esas leyes, viola los derechos humanos de los ciudadanos, fabrica pruebas o acosa la privacidad de los individuos, en ese momento deja de ser Estado de Derecho para volverse represión o eso que conocimos como guerra sucia.
La segunda mitad de los 60 y la década de los 70 se enmarca en la historia presente como la etapa conocida como la guerra sucia, momentos de la historia nacional donde el poder ejercía al máximo esa facultad –el poder– y violentó derechos, vidas y patrimonio de personas disidentes al sistema.
Así se vivieron pasajes como el 68, o los primeros años de los 70, donde hubo víctimas de la guerra sucia y la represión del Estado Mexicano contra sus ciudadanos, bueno, del gobierno quien representa al Estado.
El ejercicio extralimitado de la violencia por parte de cuerpos de seguridad nacional contra ciudadanos en Chihuahua, la forma en que fue tratada la marcha de los extremistas de Frena y los continuos ataques verbales contra medios de comunicación y comunicadores, son actos que enmarcables como un capítulo de la neorrepresión o neoguerra sucia.
Acuño los conceptos de neorrepresión o neoguerra sucia, pues el prefijo «neo» es muy socorrido por los representantes de la 4T y seguro puede sensibilizar en ellos sobre el riesgo por el resurgimiento de la represión vivida hace cinco décadas en el país.
Desde hace más de 20 años, no se veía la libertad de expresión tan afectada en forma expuesta y directa desde la autoridad como ahora. La violencia verbal desde la autoridad también es violencia, no simples expresiones.
Por sobre ideologías políticas, pasiones desbordadas, filias o fobias contra uno u otro gobernante y/o partido político, debemos defender al unísono que las expresiones de protesta, la resistencia civil pacífica y los disensos con la autoridad, sea del color que sea; no motiven violencia contra las personas, en su integridad o patrimonio.
Congelar cuentas, acosar empresas, sembrar pruebas, denostar desde la tribuna pública y descalificar opositores, son elementos de represión, el principio de una guerra sucia que puede escalar y renacer pasajes que aterrorizan en los libros de historia.
Queremos vivir en un Estado de derecho, pero con la seguridad de que habrá derechos respetados y en lo posible algo de justicia.
Ojalá el gobierno no se acerque a la tentación del autoritarismo. México no necesita más episodios como los de hace cinco décadas.
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