El asunto es que en el régimen presidencialista que vivimos los presidentes son intocables, casi reyes o semidioses.
Durante el proceso electoral 2020-2021, y ahora en tiempos de veda por la consulta que se realizará el próximo domingo, el jefe del Ejecutivo ha violado la Constitución y las leyes electorales, pero nada importa, finalmente, nada sucede, vivimos en un país de metapoderes y gobernantes intocables.
El pasado domingo, en el puerto de Veracruz, contra lo que señala la ley, sabía el mandatario que no debía tener actos públicos; sin embargo, acepta «correr el riesgo». Reconoce que no puede dar a conocer acciones de su gobierno y pide «comprensión» por este desacato a la autoridad electoral.
De ahí siguió con su venta de espejos, prometiendo dádivas a escolares y jóvenes, así como a adultos mayores, todo en franca promoción de sus acciones con fines de ganar o mantener adeptos a la causa de la 4T.
Aseguró que en el gobierno de la 4T no hay corrupción, una mentira más, el sólo acto de violar la Constitución y otras leyes constituye faltas o delitos, con lo cual se conforma un acto de corrupción. La 4T es corrupta desde la cima del poder político.
Al asumir el cargo de presidente de los mexicanos, conforme al artículo 87 constitucional, protestó frente al representante del poder supremo; es decir, el Poder Legislativo, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo.
Leyendo el texto constitucional habrá quienes aseguren que no viola nada, que se cumple con el texto. Guardar la constitución y leyes tiene diversas acepciones, una de ellas como sinónimo de meterla en un cajón a que se empolve, si así la interpretan, pues no incumple nada al violar las leyes que rigen el tiempo de la consulta popular.
Si él considera un acto de patriotismo hacer populismo en plena veda, pues tampoco viola nada, así que desde esa pueril interpretación aquí no ha sucedido nada; pero, en una interpretación como se supone pretende decir el texto constitucional, el mandatario está obligado a cumplir con la Carta Magna y las leyes como la Legipe que de ella derivan.
En todo caso, si violó la legislación vigente, tampoco le pasa nada, pues vivimos en un sistema político de metapoderes donde el mandatario del Ejecutivo está por sobre las leyes.
Si asumimos la aplicación de la justicia sin excepciones, el presidente incurre en una violación al artículo 108 constitucional conforme a la reforma publicada el pasado 19 de febrero de 2021. «Durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana».
Con conocimiento de causa, cae en un hecho en lo que se podría configurar como delito electoral. Los siguientes artículos 109 al 114 desarrollan la forma en la cuál procede un juicio político contra servidores públicos protegidos por el cargo que desempeñan.
De poco a nada importa la ley cuando se reconoce como intocable el servidor público. En una democracia esto no debería suceder; sin embargo, en muchas del mundo es práctica común.
¿A esta corrupción se refiere también el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, cuando asegura que no hay servidores públicos honestos? Es pregunta no afirmación de mi parte.
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